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Por instrucción del Poder Ejecutivo Provincial, se interpuso una demanda contra el Estado Nacional ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación solicitando el cumplimiento de las leyes y pactos fiscales que establecen la obligación de asistir financieramente a la Caja de Jubilaciones de Córdoba por el déficit de los años 2020, 2021 y 2022.
El reclamo cordobés se sustenta en que la legislación nacional (Ley 27.260) establece claramente que el Estado Nacional financiará -a través de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) – los déficits de los sistemas previsionales provinciales que no fueron transferidos oportunamente al ámbito nacional, en un estricto acto de justicia respecto de aquellas provincias que sí decidieron transferir sus sistemas previsionales.
El mecanismo del financiamiento establece que la Anses reconocerá los déficits provinciales a través de un ejercicio que simulará -bajo los parámetros y condiciones de acceso y cálculos del régimen nacional- lo que hubiera tenido que afrontar en el caso de que efectivamente la Caja hubiera sido transferida a su órbita.
Con base en la reglamentación y en los datos remitidos oportunamente a través de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), los cálculos efectuados conforme normativa vigente por la Caja de Córdoba arrojan que la Anses le adeuda a la Provincia más de 117 mil millones de pesos por las diferencias actualizadas entre los anticipos girados y el déficit previsional de los años 2020, 2021 y 2022.
